El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha autorizado a la Administración Trump a poner fin a las protecciones legales temporales de casi un millón de inmigrantes, una decisión que podría tener profundas repercusiones para miles de familias.
En una decisión que ha generado controversia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido que la Administración Trump revoque las protecciones legales temporales de aproximadamente un millón de inmigrantes. Esta medida afecta a inmigrantes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían recibido estatus de protección temporal (TPS) debido a conflictos civiles y desastres naturales en sus países de origen.
El fallo del Tribunal Supremo anula una orden previa de un tribunal inferior que mantenía estas protecciones vigentes. La jueza Ketanji Brown Jackson, en su disidencia, expresó su preocupación por el impacto humano de esta decisión, señalando que «las vidas de medio millón de migrantes se deshacen a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sobre sus reclamaciones legales». La jueza Sonia Sotomayor se unió a esta disidencia.
La Administración Trump argumenta que las protecciones siempre fueron temporales y que el Departamento de Seguridad Nacional tiene la autoridad para revocarlas sin intervención judicial. Sin embargo, los críticos de la medida advierten que dejará a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándolas a elegir entre abandonar el país o enfrentar la deportación.