La falta de una normativa que permita técnicas especiales de investigación pone en jaque la reputación financiera del país. El Gobierno responsabiliza a la Asamblea Legislativa por el estancamiento.
Bolivia enfrenta un momento crítico en su posicionamiento internacional en materia financiera. El país podría ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una clasificación que agrupa a naciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Así lo advirtió el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en una conferencia de prensa junto a la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Pamela Troche.
Aunque Bolivia ha cumplido con más del 90% de las 60 recomendaciones emitidas por el GAFI desde enero, el punto de quiebre radica en la ausencia de una ley que respalde formalmente las técnicas especiales de investigación. Estas herramientas jurídicas son consideradas esenciales para detectar y perseguir eficazmente delitos financieros, y el GAFI no acepta normativas de menor rango como decretos o resoluciones ministeriales.
Montenegro fue enfático al señalar que la responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa, que no ha logrado aprobar una ley que cumpla con los estándares internacionales. Recordó que en 2021 se promulgó la Ley 1386, que incluía estas técnicas, pero fue abrogada tras protestas sociales. Un nuevo intento en 2023 con la Ley 280 también fracasó por falta de consenso político.
El ingreso a la lista gris tendría consecuencias severas: desde una mayor vigilancia internacional hasta restricciones en transacciones financieras y pérdida de confianza de inversionistas. Bolivia ya vivió esta situación en 2011, y salir de ella implicó años de reformas y negociaciones.