La ciudad de Los Ángeles vive una de sus semanas más convulsas en años, tras el estallido de protestas masivas contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las manifestaciones, que comenzaron el 6 de junio, han derivado en enfrentamientos con la policía, saqueos y un polémico despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump.
Las protestas surgieron como respuesta a una serie de operativos del ICE en barrios con alta población latina. Las imágenes de detenciones masivas y familias separadas encendieron la indignación de miles de personas, que salieron a las calles exigiendo el fin de las redadas y respeto a los derechos humanos de los migrantes.
El centro de Los Ángeles fue declarado “zona de reunión ilegal” tras varios días de disturbios. Las fuerzas de seguridad han utilizado gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Hasta el momento, se reportan más de 50 detenidos y varios heridos, incluidos agentes policiales.
En un giro que ha intensificado la crisis, el presidente Trump ordenó el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional sin el consentimiento del estado de California. La medida fue duramente criticada por el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass, quienes acusan al Gobierno federal de agravar la situación y violar la autonomía estatal.
Este despliegue forzoso es el primero desde los disturbios de 1992, lo que ha generado comparaciones históricas y preocupación por una posible escalada de violencia. Organizaciones de derechos civiles han denunciado un uso excesivo de la fuerza y una criminalización de la protesta social.