El Tribunal Agroambiental de La Paz determinó la suspensión temporal del tratamiento legislativo de dos contratos de explotación de litio en el Salar de Uyuni, hasta que se cumplan requisitos ambientales y se realice la consulta previa a comunidades indígenas.
En respuesta a una acción legal interpuesta por la Defensoría del Pueblo, una jueza agroambiental de La Paz ordenó la paralización del tratamiento de los Proyectos de Ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025, que involucran contratos entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y empresas extranjeras como Hong Kong CBS Investment Limited y Uranium One Group.
La medida cautelar exige que antes de continuar con el proceso legislativo, las autoridades administrativas deben presentar estudios de impacto ambiental acumulativo, evaluaciones sobre el uso de aguas subterráneas y fósiles, y análisis estratégicos sobre el aprovechamiento de los recursos naturales en las zonas de influencia del proyecto.
Además, se establece como requisito indispensable la realización de una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas originarios campesinos de Nor Lípez y del Sudoeste de Potosí, quienes podrían verse afectados por la ejecución de estos contratos.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, destacó que esta decisión judicial se enmarca en la defensa de los derechos humanos y ambientales, así como en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que Bolivia suscribió para garantizar la participación ciudadana en asuntos ambientales.
