En apenas 15 meses, el país enfrenta cuatro procesos electorales que representan un gasto superior a los mil millones de bolivianos, mientras el déficit fiscal proyectado alcanza el -9,2% del PIB.
Bolivia atraviesa una etapa crítica en sus finanzas públicas, marcada por un déficit fiscal elevado y una economía debilitada. En este contexto, el país ha destinado más de mil millones de bolivianos —equivalentes a unos 150 millones de dólares— para la realización de cuatro elecciones entre diciembre de 2024 y marzo de 2026. Estos comicios incluyen las elecciones judiciales, generales, segunda vuelta presidencial y subnacionales.
El economista Julio Linares, especialista en descentralización, cuestionó la pertinencia de algunos de estos procesos, especialmente las elecciones judiciales, que costaron 206,7 millones de bolivianos. Según Linares, este tipo de comicios no ha generado mejoras en el sistema judicial y representan un gasto innecesario. Las elecciones generales demandaron 321 millones, mientras que el balotaje costó entre 190 y 200 millones. Las elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026 requerirán entre 320 y 330 millones adicionales.
Linares propuso reformas constitucionales que permitan elegir al presidente por mayoría simple, eliminando la necesidad de una segunda vuelta, y sugirió implementar elecciones de medio mandato para renovar parcialmente el Legislativo. Estas medidas, según el experto, podrían reducir significativamente el gasto electoral.
Además, comparó el costo de las elecciones con programas sociales: 200 millones de bolivianos podrían financiar el bono Juan Azurduy durante un año, o garantizar cuatro años del bono Juancito Pinto si se ampliara al nivel inicial.
