El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aceptado revisar la constitucionalidad de una ley estatal de Colorado que prohíbe la controvertida «terapia de conversión» para menores. El caso, impulsado por una terapeuta cristiana, plantea un profundo conflicto entre la potestad del Estado para proteger a los jóvenes de prácticas dañinas y la libertad de expresión y religiosa de los consejeros profesionales.
La disputa legal se centra en una ley de Colorado, aprobada en 2019, que ilegalizó las prácticas destinadas a cambiar la orientación sexual o identidad de género de un menor, conocidas como «terapias de conversión». Los defensores de esta prohibición argumentan que estas intervenciones son «dañinas e ineficaces» y han sido calificadas como equivalentes a tortura por informes de la ONU.
Sin embargo, Kaley Chiles, una consejera profesional de Colorado, llevó el caso ante el Supremo, argumentando que la ley infringe sus derechos bajo la Primera Enmienda de la Constitución. Chiles, apoyada por la influyente organización legal conservadora Alliance Defending Freedom (ADF), sostiene que la ley le impide hablar abiertamente con sus pacientes, incluidos menores, sobre la posibilidad de «vivir conforme al diseño de Dios, incluida su identidad biológica» y ofrecerles apoyo psicológico para alinear sus mentes y cuerpos, en lugar de intentar tratamientos médicos de transición de género.
El Estado de Colorado defiende que su normativa está diseñada para regular la conducta profesional y proteger el bienestar de los menores, no para censurar la expresión de la fe. Este litigio es crucial, ya que el fallo del tribunal de mayoría conservadora podría impactar las leyes que restringen o prohíben las terapias de conversión en al menos una docena de estados y el Distrito de Columbia.
