En una sesión marcada por el debate sobre la autonomía económica y la urgencia de soluciones concretas, el Senado de Bolivia aprobó el proyecto de ley que autoriza la compra directa de combustibles por parte de empresas privadas. Esta iniciativa, presentada por representantes cívicos, busca aliviar la presión sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y garantizar el abastecimiento en regiones afectadas por la escasez.
La norma permitirá que personas jurídicas, previamente registradas y autorizadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), puedan importar gasolina y diésel directamente, sin intermediación estatal. El objetivo es agilizar el suministro en zonas productivas y evitar paros o bloqueos que afecten el transporte y la economía local.
Aunque la aprobación fue celebrada por sectores empresariales y cívicos, algunos legisladores expresaron preocupación por el impacto que podría tener en el control de precios y la seguridad energética. La ley establece que los importadores deberán cumplir con estándares técnicos y ambientales, además de reportar sus operaciones a la ANH.
El proyecto también contempla mecanismos de fiscalización para evitar el contrabando y garantizar que el combustible importado cumpla con las normativas vigentes. Sin embargo, expertos advierten que la implementación requerirá ajustes logísticos y una coordinación estrecha entre el Estado y los nuevos actores privados.
La aprobación de esta ley representa un giro significativo en la política energética boliviana, al abrir espacio para la participación privada en un sector históricamente controlado por el Estado. Si bien la medida busca resolver problemas inmediatos de abastecimiento, su éxito dependerá de una regulación efectiva y de la capacidad de las empresas para operar con transparencia y responsabilidad.
Este paso legislativo podría marcar el inicio de una nueva etapa en la gestión de recursos energéticos, con mayor flexibilidad y participación regional.
