El presidente del Control Social del Comité Cívico de El Alto, Gregorio Gómez, junto al abogado Kurmi Rocha, formalizó una denuncia penal contra dos altas autoridades del Estado boliviano: Edwin Rojas, titular del BCB, y Marcelo Montenegro, ministro de Economía. La acusación se basa en la presunta venta anticipada de las reservas de oro del país, lo que, según los denunciantes, habría ocasionado una pérdida de aproximadamente 800 millones de dólares para Bolivia.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Departamental de La Paz e incluye cargos por conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias y enriquecimiento ilícito. Según Rocha, esta acción se vincula con la pignoración de oro, una forma de garantía financiera, nque habría sido ejecutada sin cumplir con los procedimientos legales establecidos por la Ley 1503, que regula el uso de las reservas internacionales netas del país.
Por su parte, el ministro Montenegro respondió públicamente a la acusación, asegurando que tanto él como el Gobierno nacional se defenderán ante la justicia. Afirmó que el Banco Central actuó conforme a la normativa vigente y que las operaciones realizadas están respaldadas por reglamentos internos. “Nos vamos a defender, como Gobierno nacional y como Ministerio de Economía siempre vamos a velar porque se cumplan las normas y las leyes”, declaró.
La controversia ha generado debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos estratégicos del país, especialmente en un contexto económico delicado. Aunque la Fiscalía inicialmente rechazó la denuncia por falta de individualización de los delitos, los denunciantes anunciaron que subsanarán las observaciones para insistir en que se investigue a fondo el caso.
