Bolivia atraviesa una etapa crítica marcada por la escasez de combustibles, especialmente diésel y gasolina, situación que ha encendido las alarmas en diversos sectores económicos y sociales. Las largas filas en estaciones de servicio, la paralización de actividades productivas y el aumento de precios en el transporte son solo algunas de las consecuencias visibles de esta crisis energética.
Según expertos del sector hidrocarburos, el problema no es coyuntural sino estructural. La producción nacional de combustibles ha disminuido significativamente, mientras que la dependencia de las importaciones se ha incrementado. Esta situación se agrava por la falta de divisas para adquirir combustibles en el mercado internacional, lo que ha generado retrasos en la distribución y abastecimiento.
El Gobierno ha reconocido la gravedad del panorama y ha anunciado medidas paliativas, como la priorización de sectores estratégicos y la búsqueda de acuerdos con países vecinos para garantizar el suministro. Sin embargo, analistas advierten que estas acciones podrían no ser suficientes si no se implementan reformas profundas en la política energética nacional.
Además, se prevé que la escasez podría derivar en una carestía prolongada hasta el año 2026, afectando no solo al transporte y la industria, sino también al precio de alimentos y servicios básicos. La Cámara Nacional de Transporte ha manifestado su preocupación por el impacto en la cadena logística, mientras que productores agropecuarios temen pérdidas millonarias por la falta de combustible para maquinaria y traslado de mercancías.
