El gobierno de Donald Trump ha anunciado un endurecimiento sin precedentes de su política migratoria, con la promesa de «detener de forma permanente la migración» proveniente de los llamados «países del tercer mundo». La medida se complementa con la inmediata revisión de las tarjetas de residencia (green cards) otorgadas a ciudadanos de 19 nacionalidades, intensificando la ofensiva contra los extranjeros en Estados Unidos.
Las drásticas amenazas, publicadas por el presidente en redes sociales, surgieron a raíz del trágico tiroteo en Washington D.C. donde un migrante de origen afgano causó la muerte de una miembro de la Guardia Nacional. Trump justificó la escalada de la política migratoria criticando la «carga que suponen los refugiados» y la supuesta «disfunción social» que, según él, generan. Prometió la expulsión de cualquier extranjero que no sea un «activo neto» para el país.
En un anuncio paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que se reexaminarán las green cards de 19 países, mencionando una proclamación previa que incluye a naciones como Afganistán, Cuba, Haití, Irán, Somalia y Venezuela.
Además de restringir el acceso, el presidente prometió «poner fin a todas las prestaciones y subsidios federales a los no ciudadanos», argumentando que esto permitiría al sistema estadounidense recuperarse. Como acción inmediata, se suspendió la tramitación de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos a la espera de una revisión de los protocolos de seguridad.
Esta ola de anuncios ya ha provocado la reacción de organismos internacionales, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instando a Estados Unidos a respetar la Convención sobre los Refugiados de 1953 y los compromisos internacionales de asilo.
