A pesar de la intensa represión gubernamental que el régimen de Kim Jong-un presume haber utilizado para «prácticamente exterminar» las iglesias clandestinas, miles de cristianos en Corea del Norte continúan practicando su fe en absoluto secreto. Informes de desertores y activistas de derechos humanos revelan que la iglesia subterránea mantiene viva su resistencia silenciosa, desafiando un sistema que penaliza cualquier actividad religiosa con castigos que incluyen tortura, trabajos forzados y hasta la ejecución.
La persistencia de la fe cristiana se da en un contexto de hostilidad estatal total. Para el régimen de Pyongyang, el cristianismo es etiquetado como una «influencia extranjera peligrosa» y una amenaza existencial, que rivaliza con el «culto nacional» que exige la veneración de la familia gobernante.
Aunque la Constitución norcoreana supuestamente garantiza la libertad religiosa, en la práctica, la actividad de fe es tratada como un «crimen antiestatal». Agencias de seguridad operan a distintos niveles para realizar operativos, especialmente en zonas fronterizas, buscando cualquier foco de resistencia religiosa.
Testimonios recabados por medios disidentes y activistas como Song Young-Chae confirman que las congregaciones, iniciadas hace décadas, continúan reuniéndose en casas y encuentros secretos. La posesión de un objeto tan simple como una Biblia, la oración, o la participación en una reunión no autorizada, puede resultar en castigos extremos y encarcelamiento prolongado. Las pocas iglesias autorizadas en la capital, como la Iglesia de la Santísima Trinidad, son consideradas por expertos de organizaciones como Open Doors como meras fachadas propagandísticas dirigidas a visitantes extranjeros.
