En un esfuerzo por sincerar las cuentas públicas y frenar el déficit, el gobierno del presidente Rodrigo Paz confirmó que modificará el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, proyectando una reducción del 30% en el gasto fiscal. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien detalló que la administración incluirá una cláusula especial para reformular la Ley Financial hasta febrero del próximo año, calificando las cifras heredadas de la gestión anterior como alejadas de la realidad económica del país.
La medida surge tras una evaluación técnica del proyecto de presupuesto dejado por la administración de Luis Arce, el cual, según las nuevas autoridades, contenía proyecciones «ficticias» y asignaciones de recursos sin justificación clara. «Está claro que eso va a ser parte de aquello que vamos a reformular», señaló Espinoza, enfatizando que el objetivo es presentar un presupuesto que refleje cifras reales y viables.
El plan de austeridad busca corregir un desequilibrio fiscal crítico. Informes preliminares indicaban que el proyecto original del PGE 2026 destinaba entre el 64% y el 85% de los recursos exclusivamente a gasto corriente, dejando un margen mínimo para la inversión pública y perpetuando un déficit estimado superior al 10% del PIB. Con el recorte del 30%, el Ejecutivo pretende eliminar gastos superfluos y redirigir los fondos hacia áreas prioritarias.
En este sentido, el presidente Paz aseguró que, a pesar del ajuste, se garantizarán las obligaciones esenciales del Estado. «Estamos pagando combustibles, medicamentos y todo lo que tiene que ver con los referidos a los adultos mayores, Renta Dignidad y jubilaciones», explicó el mandatario, buscando dar certidumbre a los sectores más vulnerables ante la nueva política de «cifras reales».
La reestructuración del PGE 2026 representa el primer gran desafío económico y legislativo para el nuevo gobierno, que deberá negociar estas modificaciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De concretarse, este ajuste marcaría el fin de una etapa de expansión del gasto público y el inicio de un agresivo programa de estabilización macroeconómica diseñado para sacar a Bolivia de su actual crisis financiera.
