El Ministerio Público confirmó que solicitará una condena de 20 años de prisión contra el expresidente Evo Morales dentro del proceso judicial por presunta trata de personas con agravante. La determinación fue ratificada por la Fiscalía de Tarija luego de la ausencia del exmandatario en el inicio del juicio oral.
El fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro, informó que la acusación contra Morales se sustenta en el delito de trata de personas agravada, figura contemplada en el artículo 281 bis del Código Penal boliviano. La autoridad explicó que, al tratarse presuntamente de una víctima menor de edad, la pena máxima establecida alcanza los 20 años de presidio.
La declaración fue realizada un día después de que el exjefe de Estado no asistiera a la apertura del juicio oral programado en Tarija. La inasistencia derivó en que el tribunal declarara su rebeldía y activara medidas judiciales para garantizar su comparecencia ante la justicia.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el juicio se presentarán pruebas documentales, testificales y periciales para respaldar la acusación. El Ministerio Público sostiene que existen suficientes elementos para demostrar la responsabilidad del exmandatario en el caso investigado.
Por su parte, la defensa de Morales reiteró que el proceso tiene motivaciones políticas y denunció supuestas irregularidades en las notificaciones judiciales. El entorno del líder cocalero sostiene que no se respetaron plenamente las garantías procesales y que se busca perjudicarlo políticamente en medio del escenario electoral y de las tensiones internas dentro del oficialismo.
El caso volvió a ocupar la agenda nacional debido a la relevancia política de Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y continúa siendo una figura influyente dentro del Movimiento al Socialismo (MAS). Mientras tanto, organizaciones políticas y sectores sociales mantienen posiciones divididas respecto al avance del proceso judicial.
