Más de 100 familias cristianas en el estado de Chhattisgarh, en el centro de India, denunciaron haber sido privadas del acceso al agua y a otros recursos básicos por negarse a renunciar a su fe en Jesucristo. Organizaciones de defensa de la libertad religiosa alertaron que las medidas forman parte de una campaña de presión destinada a forzar a los creyentes a abandonar el cristianismo.
La situación afecta a comunidades cristianas pertenecientes a varias aldeas del distrito de Kanker, donde los habitantes denuncian que se les ha impedido utilizar fuentes de agua comunitarias, entre ellas pozos, bombas manuales, estanques y otros puntos de abastecimiento esenciales para la vida diaria. Las restricciones también alcanzan el acceso a oportunidades laborales y actividades de subsistencia de las que dependen numerosas familias de la región.
De acuerdo con informes difundidos por organizaciones que monitorean la persecución religiosa, las medidas comenzaron después de que grupos locales exigieran a los cristianos abandonar su fe y regresar a prácticas religiosas tradicionales. Ante la negativa de los creyentes, se habrían aplicado sanciones comunitarias que incluyen el aislamiento social y la restricción de recursos básicos.
Las familias afectadas aseguran que continúan firmes en sus convicciones religiosas pese a las dificultades. Líderes cristianos de la zona señalaron que la falta de acceso al agua potable representa una amenaza directa para la salud y el bienestar de cientos de personas, especialmente niños y adultos mayores. Asimismo, denunciaron que la presión ejercida contra los creyentes vulnera derechos fundamentales relacionados con la libertad de religión y de conciencia.
La problemática se produce en un contexto de creciente preocupación por los casos de hostigamiento contra comunidades cristianas en distintas regiones de India. Diversas organizaciones internacionales han reportado incidentes de discriminación, amenazas y actos de violencia dirigidos contra personas que profesan la fe cristiana, particularmente en zonas rurales donde los creyentes constituyen una minoría.
Representantes de entidades defensoras de los derechos humanos solicitaron a las autoridades locales intervenir para garantizar el acceso a servicios esenciales y proteger a las familias afectadas. También instaron a que se investiguen las denuncias y se adopten medidas que eviten nuevos actos de discriminación por motivos religiosos.
