Los ciudadanos del estado de Virginia, Estados Unidos, aprobaron mediante votación una enmienda constitucional que incorpora protecciones al derecho al aborto y a otros servicios de salud reproductiva. La medida recibió el respaldo de más del 62 % de los votantes durante las elecciones del 3 de noviembre de 2026. Sin embargo, su aprobación ha generado preocupación y fuertes críticas entre organizaciones y sectores contrarios al aborto, especialmente por las disposiciones relacionadas con los procedimientos durante las últimas etapas del embarazo.
La aprobación de la denominada Pregunta 1 representa un cambio importante en la legislación de Virginia, al incorporar en su Constitución el derecho fundamental a tomar decisiones relacionadas con la salud reproductiva, incluyendo el aborto, la anticoncepción, la atención durante el embarazo y los tratamientos de fertilidad.
De acuerdo con los resultados electorales, la propuesta obtuvo aproximadamente el 62,4 % de los votos favorables, frente al 37,6 % que votó en contra. Con esta decisión, Virginia se suma a los estados que han optado por fortalecer las protecciones constitucionales relacionadas con los derechos reproductivos.
Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la regulación del aborto durante el tercer trimestre del embarazo. La enmienda permite que las autoridades estatales establezcan restricciones durante esta etapa, pero contempla excepciones cuando el procedimiento sea necesario para proteger la vida o la salud física o mental de la mujer, o cuando el feto no sea viable.
Asimismo, la reforma establece protecciones para pacientes y profesionales sanitarios frente a posibles sanciones relacionadas con las decisiones reproductivas contempladas en la disposición constitucional.
La aprobación de esta medida ha provocado reacciones divididas. Mientras organizaciones defensoras de los derechos reproductivos consideran que representa un avance para garantizar el acceso a servicios médicos, sectores provida cuestionan sus alcances y advierten sobre las consecuencias que podría tener para la protección de los niños por nacer.
Por otra parte, la reforma también enfrenta cuestionamientos legales. Una organización contraria a la enmienda presentó una demanda para impugnar el proceso, argumentando que la explicación de la propuesta en las papeletas electorales pudo resultar engañosa para los votantes. El caso tiene prevista una audiencia judicial para el 13 de noviembre.
