Diversas organizaciones civiles, religiosas y familiares en Venezuela manifestaron su rechazo a iniciativas relacionadas con una posible “doctrina de diversidad sexual” impulsada desde sectores oficialistas. Los grupos aseguran que cualquier cambio en temas de identidad de género y orientación sexual debe ser debatido ampliamente y respetar los valores culturales y familiares del país.
El debate surgió luego de declaraciones atribuidas a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien solicitó al Tribunal Supremo de Justicia desarrollar criterios jurídicos relacionados con la diversidad y la inclusión. Estas declaraciones provocaron reacciones de organizaciones sociales y movimientos ciudadanos que consideran que dichas propuestas podrían abrir paso a reformas vinculadas con políticas de género y educación sexual.
Distintos representantes de la sociedad civil señalaron que las prioridades del país deberían centrarse en la crisis económica, la migración y el fortalecimiento institucional, antes que en reformas ideológicas. Algunas agrupaciones cristianas y organizaciones familiares expresaron preocupación por la posible implementación de contenidos relacionados con diversidad sexual en el sistema educativo venezolano.
En paralelo, colectivos defensores de derechos humanos y organizaciones LGBTI recordaron que en Venezuela aún existen vacíos legales respecto a protección contra discriminación, reconocimiento de parejas del mismo sexo e identidad de género. Además, señalaron que el debate debe realizarse dentro del marco constitucional y con participación plural de la sociedad.
La discusión también ha generado una fuerte polarización en redes sociales y medios digitales, donde sectores conservadores y progresistas mantienen posiciones opuestas sobre el tema. Analistas consideran que el asunto podría convertirse en un nuevo punto de confrontación política dentro del país.
Mientras tanto, organizaciones civiles anunciaron campañas de recolección de firmas y actividades públicas para expresar su postura frente a cualquier modificación legal relacionada con políticas de diversidad sexual.
