En medio de la prolongada crisis generada por los bloqueos de carreteras y los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que la respuesta del Estado será planificada, institucional y ajustada a la legalidad. La autoridad sostuvo que el Gobierno priorizará el diálogo, pero también garantizará el cumplimiento de la ley frente a acciones que pongan en riesgo el orden democrático.
Durante un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, el ministro Justiniano afirmó que Bolivia enfrenta una situación compleja que ha trascendido las protestas tradicionales y que, según su evaluación, presenta elementos vinculados a actividades ilícitas y estructuras que buscan generar inestabilidad. En ese contexto, remarcó que las instituciones del Estado actuarán con responsabilidad y apego a la Constitución.
La declaración se produce cuando el país atraviesa más de un mes de conflictos sociales y bloqueos que han provocado dificultades en el abastecimiento de productos, combustible y servicios en varias regiones. Asimismo, se registraron episodios de violencia que derivaron en el uso de armas de fuego, situación que elevó la preocupación de las autoridades nacionales.
Justiniano señaló que el Gobierno mantiene abierta la vía del diálogo para atender las demandas de distintos sectores sociales, aunque dejó claro que no permitirá que actos violentos o acciones destinadas a alterar el orden constitucional se impongan sobre los mecanismos democráticos establecidos.
Las declaraciones también coinciden con la reciente promulgación de la Ley 1740, que regula los estados de excepción. Aunque el Ejecutivo aún no ha activado esa medida, el presidente Rodrigo Paz informó que existe una estrategia para enfrentar la crisis y restablecer la normalidad en las rutas y ciudades afectadas.
El ministro enfatizó que la prudencia demostrada por el Estado no debe interpretarse como una señal de debilidad. Por el contrario, sostuvo que las autoridades continuarán actuando con firmeza para proteger a la población, preservar la estabilidad institucional y garantizar el respeto a las leyes vigentes.
