Venezuela enfrenta una de las mayores tragedias naturales de su historia reciente tras el impacto de dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia. Las autoridades informaron de decenas de fallecidos, centenares de heridos y severos daños en varias regiones del país, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
Los movimientos telúricos ocurrieron el 24 de junio y tuvieron su epicentro en la zona centro-norte de Venezuela. De acuerdo con reportes internacionales y datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ambos sismos se produjeron con apenas segundos de diferencia, un fenómeno poco común conocido como “doblete sísmico”, capaz de multiplicar los daños sobre estructuras ya debilitadas por el primer impacto.
Las mayores afectaciones se registraron en Caracas y en el estado costero de La Guaira, donde edificios residenciales, infraestructuras públicas y servicios esenciales sufrieron graves daños. También se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico, problemas en las telecomunicaciones y afectaciones en redes de transporte.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y advirtió que el número de víctimas podría incrementarse a medida que avanzan las operaciones de rescate. Equipos de emergencia trabajan entre los escombros en busca de personas desaparecidas, mientras hospitales y organismos de socorro permanecen en máxima alerta.
Los balances preliminares señalan al menos 164 fallecidos y cerca de un millar de heridos, aunque las autoridades consideran que estas cifras podrían aumentar debido a la magnitud de la devastación y a la cantidad de personas que aún permanecen desaparecidas. Organismos internacionales y varios países ya han ofrecido asistencia humanitaria para apoyar las tareas de respuesta y recuperación.
Especialistas señalan que el evento podría convertirse en uno de los terremotos más destructivos registrados en Venezuela en más de un siglo. Además de las pérdidas humanas, se prevén importantes consecuencias económicas derivadas de los daños en viviendas, infraestructura pública y actividades productivas.
