La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una polémica reforma constitucional que establece nuevas restricciones para la participación política de opositores y amplía de seis a siete años el periodo de las principales autoridades del país. La medida, promovida por el presidente Daniel Ortega y la copresidenta Rosario Murillo, genera nuevas críticas sobre el estado de la democracia nicaragüense.
El Parlamento nicaragüense aprobó en primera instancia una modificación constitucional que impide participar en procesos electorales a personas señaladas por las autoridades de haber intervenido en acciones consideradas como “golpistas”, de “traición a la patria” o por solicitar una intervención militar extranjera.
La reforma también contempla restricciones para quienes hayan promovido sanciones o bloqueos económicos contra Nicaragua y para opositores que se encuentren en el exilio o hayan perdido su nacionalidad, siempre que sean vinculados por el Gobierno con este tipo de acciones.
Otro de los cambios relevantes es la ampliación del periodo presidencial. El mandato de los copresidentes y de otros funcionarios elegidos mediante voto popular pasará de seis a siete años. La modificación también alcanza los periodos de autoridades como los jefes del Ejército y de la Policía.
La iniciativa fue respaldada por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. De acuerdo con reportes internacionales, la reforma deberá ser aprobada nuevamente durante una segunda legislatura para completar el procedimiento constitucional previsto por las leyes nicaragüenses. La segunda votación está prevista para enero de 2027.
El cambio ocurre en un contexto de creciente concentración del poder político en Nicaragua. Daniel Ortega gobierna junto con su esposa, Rosario Murillo, quien ocupa la copresidencia. La situación política del país permanece marcada por la crisis iniciada con las protestas de 2018 y la posterior represión, que dejó cientos de muertos, además de detenciones, exilios y denuncias de violaciones de derechos humanos.
La reforma también modifica el escenario electoral del país. Las elecciones que estaban previstas para 2026 fueron desplazadas y, con la ampliación del mandato, los próximos comicios quedarían previstos para 2028. De esta manera, la oposición enfrentaría mayores dificultades para competir dentro del sistema político nicaragüense.
