El estado de Uttarakhand, en el norte de India, ha aprobado una reforma legal que impone penas de hasta cadena perpetua por conversiones religiosas consideradas forzadas. La medida ha generado alarma entre comunidades cristianas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre un clima de persecución y censura.
La nueva legislación, considerada la más severa en su tipo en India, contempla sanciones extremas como prisión perpetua y multas de hasta un millón de rupias para quienes sean acusados de inducir conversiones religiosas mediante engaños, presión o beneficios materiales. Además, criminaliza la “propaganda digital”, lo que incluye publicaciones en redes sociales y transmisiones religiosas en línea, afectando directamente la libertad de expresión y culto.
Las disposiciones son aún más estrictas si las conversiones involucran a menores, mujeres, personas con discapacidad o miembros de castas y tribus registradas. Incluso ocultar la religión para contraer matrimonio puede ser castigado con hasta diez años de prisión.
Desde la aprobación de la ley, se ha reportado una disminución significativa en las actividades religiosas públicas. Pastores han retirado sus sermones de internet, algunas iglesias han cerrado y líderes cristianos han abandonado el estado por temor a represalias. Las donaciones también han caído, reflejando el ambiente de incertidumbre que se vive entre los creyentes.
