Uruguay se convirtió en el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia, tras la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna en la Cámara de Senadores el pasado 15 de octubre de 2025. La normativa permite que personas mayores de edad, con plena capacidad mental y que padezcan enfermedades terminales o sufrimientos físicos insoportables, puedan solicitar asistencia médica para poner fin a su vida de manera voluntaria.
La ley establece que el procedimiento deberá ser realizado exclusivamente por profesionales de la salud y bajo estrictos controles éticos y médicos. Además, prohíbe expresamente el suicidio asistido, diferenciando esta práctica de la eutanasia activa.
Sin embargo, la aprobación de la norma ha generado una ola de críticas por parte de líderes cristianos y organizaciones religiosas. Desde distintos púlpitos y plataformas, se ha manifestado un profundo rechazo a la medida, argumentando que “la vida es un don divino” y que “ningún ser humano tiene autoridad para decidir sobre su final”. Voceros de iglesias evangélicas y católicas han convocado a jornadas de oración y reflexión, instando a la sociedad a defender el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
El pastor Elías Rodríguez, uno de los referentes evangélicos más influyentes del país, declaró que “la legalización de la eutanasia abre la puerta a una cultura de descarte, donde los más vulnerables pueden sentirse presionados a morir para no ser una carga”. Por su parte, la Conferencia Episcopal del Uruguay emitió un comunicado en el que lamenta la decisión del Parlamento y reafirma su compromiso con el acompañamiento espiritual y humano de los enfermos terminales.
