Una vasta operación policial lanzada en Río de Janeiro contra el crimen organizado ha escalado a un saldo de al menos 132 personas fallecidas, convirtiéndose oficialmente en el operativo de seguridad más letal en la historia de la ciudad brasileña. La cifra de víctimas se disparó tras el macabro hallazgo de decenas de cadáveres alineados en una calle de la favela de Penha, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su horror y ha solicitado una investigación inmediata e independiente.
La ofensiva, que movilizó alrededor de 2.500 efectivos, tenía como objetivo desmantelar la estructura del Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales dedicadas al narcotráfico en las vastas favelas de la zona norte de Río. Según informes de la Policía Militar, la operación se saldó con la incautación de 31 fusiles de uso militar y medio centenar de armas de fuego de diverso calibre, además de la detención de 81 sospechosos.
Los enfrentamientos comenzaron en la madrugada y se extendieron por más de diez horas, con relatos de los residentes describiendo un escenario «dantesco»: tiroteos continuos, explosiones y el sobrevuelo de helicópteros. Testigos y medios locales recogieron denuncias sobre el uso de vehículos blindados por parte de los agentes, mientras que se reportó que los criminales llegaron a responder con drones armados.
La magnitud de la violencia ha provocado una fuerte reacción internacional. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU se declaró «horrorizada» y enfatizó la necesidad de que las autoridades brasileñas cumplan con sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos. De igual manera, organizaciones civiles brasileñas han alzado su voz para denunciar el «uso desproporcionado de la fuerza» y el riesgo de daños colaterales a la población civil.
A pesar del trágico número de muertos, el gobernador de Río, Cláudio Castro, defendió la acción calificándola de «éxito» y un acto «necesario» para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los visitantes internacionales, especialmente en vísperas de importantes eventos globales como el foro de alcaldes del C40 y la gala del Premio Earthshot.
El Gobierno federal se pronunció a través del ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, quien cuestionó la legalidad del operativo y aseguró que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se encuentra «consternado» y «sorprendido» por no haber recibido aviso previo de las autoridades regionales.
