La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desestimado la solicitud formal presentada por Bolivia en 2023, con el apoyo de Colombia, para reevaluar y modificar el estatus de la hoja de coca. El Comité de Expertos en Farmacodependencia (ECDD) de la OMS ha recomendado que la hoja permanezca en la Lista I de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, el grupo que reúne a las sustancias más peligrosas y sujetas al control internacional más riguroso, equiparándola a la heroína y la cocaína. La principal razón esgrimida es el «riesgo para la salud pública» que implica su sencilla y rentable conversión en cocaína.
La decisión de la OMS, se basa en la preocupación por el aumento récord de la producción mundial de cocaína, que creció un 34% en 2023, los expertors argumentan que el cínculo directo entre el cultivo de coca y un mercado ilegal de cocaína en expansión es innegagle.
La obtención de pasta base y la purificación de la cocaína a partir de la hoja de coca son descritas como procesos «sencillos y no requieren conocimientos especializados». Según las estimaciones de la OMS, una hectárea de cultivo produce anualmente alrededor de 4,2 toneladas de hoja, lo que puede resultar en cerca de 1,4 kilos de base de cocaína por cada tonelada de hoja.
Para el Comité, rebajar los controles internacionales existentes sobre la hoja de coca, tal como buscaba Bolivia al argumentar que «la hoja de coca no es cocaína», representaría un «riesgo especialmente grave para la salud pública» en el contexto actual de crecimiento del narcotráfico.
Aunque la OMS reconoce los usos tradicionales de la hoja y admite que existen indicios sobre su potencial terapéutico, concluye que la evidencia científica disponible es insuficiente para justificar una modificación de su estatus que pondría en peligro los esfuerzos globales de control de estupefacientes.
La permanencia de la hoja de coca en la Lista I significa que se mantiene el estricto control internacional sobre su cultivo y uso a nivel global. Esta resolución cierra temporalmente la puerta al comercio legal y a la facilitación de la investigación científica e industrial que buscaban Bolivia y Colombia al intentar trasladar la coca a una categoría menos restrictiva (Lista II), que sí contempla usos médicos probados.
