La exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty Mullisaca, fue remitida a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, luego de que la Fiscalía emitiera una orden de aprehensión en su contra por presuntas irregularidades y desfalco en proyectos financiados por el extinto Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), conocido como el Caso Fondo Indígena
La acción judicial contra Patty se concretó tras una serie de diligencias y la recolección de pruebas que vinculan a la exdiputada con el manejo de fondos públicos en el marco de la ejecución de al menos ocho proyectos productivos y sociales. La denuncia, presentada por el propio Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), entidad que reemplazó al Fondioc, apunta a que Patty, quien fungía como representante de la Federación de Mujeres «Bartolina Sisa» para la ejecución de algunos proyectos, habría incurrido en delitos como incumplimiento de deberes, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.
El Ministerio Público inició la investigación penal basándose en un requerimiento fiscal del 17 de noviembre, que detalla la existencia de depósitos bancarios a las cuentas de Patty relacionados con los proyectos observados. El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, ha señalado que se colectaron elementos de convicción que respaldan la adecuación de la conducta de la exlegisladora a los tipos penales señalados.
La detención de Patty, conocida por ser la principal denunciante del denominado «Caso Golpe de Estado I», genera una nueva arista en las investigaciones del escándalo del Fondo Indígena, que desde su destape en 2015 ha revelado un presunto desfalco de millones de bolivianos destinados al desarrollo de comunidades originarias.
