Organizaciones cívicas, sectores productivos y representantes del transporte intensificaron sus demandas al Gobierno para que aplique un estado de excepción frente a los bloqueos que afectan a distintas regiones del país. Los sectores movilizados consideran que la medida es necesaria para restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros insumos esenciales.
La presión sobre el presidente Rodrigo Paz aumentó este jueves luego de que diversas organizaciones sociales y cívicas exigieran acciones más contundentes para enfrentar los bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a varias regiones del país. Entre las demandas destaca la declaración de un estado de excepción que permita al Ejecutivo aplicar medidas extraordinarias para recuperar la transitabilidad en las rutas.
El Comité Multisectorial otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para responder a esta solicitud. Sus representantes señalaron que, de no existir una respuesta favorable, se evaluarán nuevas medidas de presión. Además, anunciaron la realización de un cabildo digital con participación de representantes de los nueve departamentos para definir futuras acciones.
Desde Santa Cruz, dirigentes cívicos reiteraron la necesidad de aplicar un estado de excepción focalizado en las zonas más afectadas por los conflictos. Argumentan que los intentos de diálogo no han mostrado resultados concretos y que la situación continúa generando perjuicios económicos y sociales. En Cochabamba, por su parte, el comité cívico regional también fijó plazos al Ejecutivo y advirtió con convocar nuevas movilizaciones y medidas de protesta si no se encuentra una solución inmediata.
La demanda se suma a pronunciamientos realizados previamente por organizaciones cívicas de Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando, que en las últimas semanas expresaron posiciones similares. Los sectores movilizados sostienen que el prolongado conflicto ha provocado desabastecimiento, incremento de precios y dificultades para el transporte de mercancías y servicios básicos.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura de privilegiar una salida dialogada y ha señalado que cualquier decisión respecto a un eventual estado de excepción será evaluada de acuerdo con la evolución del conflicto y dentro del marco legal vigente.
