La decisión de establecer un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para determinados consumidores genera rechazo entre productores agropecuarios, transportistas y cooperativas mineras. Los sectores consideran que el nuevo costo puede elevar sus gastos operativos y afectar la producción y el precio final de distintos productos.
El Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y determinados usuarios, abrió un nuevo frente de cuestionamientos entre sectores vinculados a la producción y al transporte en Bolivia.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifestó su desacuerdo con la medida y sostuvo que la aplicación de precios diferenciados puede incrementar los costos de producción. El sector señaló que utiliza entre 360 y 380 millones de litros de diésel al año, equivalente aproximadamente al 16% del consumo nacional, y advirtió que el encarecimiento del combustible podría repercutir en la oferta de alimentos.
En paralelo, productores de San Juan y Yapacaní realizaron protestas y bloquearon la carretera Santa Cruz-Cochabamba, argumentando que el nuevo precio representa una fuerte presión para los pequeños y medianos productores.
Las cooperativas mineras auríferas también expresaron su rechazo. Desde la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) solicitaron al Gobierno una reunión para analizar las consecuencias de la normativa y señalaron que el incremento podría comprometer la continuidad de operaciones de algunas cooperativas.
El transporte pesado, por su parte, cuestionó la situación del abastecimiento y expresó preocupación por la posibilidad de tener que recurrir al combustible de mayor precio. Dirigentes del sector también advirtieron que un aumento de los costos de transporte podría terminar trasladándose a los precios de bienes y servicios.
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia pidió además que el Gobierno precise qué actividades están comprendidas dentro de la categoría de grandes consumidores. El sector sostiene que el volumen de combustible necesario para cubrir rutas interdepartamentales es considerable y que cualquier aumento en sus costos tendría efectos sobre sus operaciones.
Mientras los sectores productivos demandan modificaciones y mayores explicaciones, la Fundación Jubileo considera que el ajuste está relacionado con la situación estructural del mercado de combustibles. La institución señala que Bolivia depende en gran medida de las importaciones de diésel y gasolina, mientras la producción nacional de hidrocarburos líquidos ha disminuido.
