El Gobierno conformó una comisión interministerial para acompañar y supervisar la intervención estatal extraordinaria de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con especial atención en la importación, distribución, comercialización y trazabilidad de los combustibles. La medida busca detectar posibles irregularidades que estén afectando el abastecimiento de carburantes en el país.
La creación de esta instancia está contemplada en el Decreto Supremo 5697, que establece una intervención estatal extraordinaria de YPFB y dispone mecanismos de seguimiento y control sobre la gestión de la empresa petrolera estatal.
La comisión estará integrada por representantes de cuatro ministerios: Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energías; y Obras Públicas, Servicios y Vivienda. A ellos se suma el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Entre las principales tareas asignadas se encuentra la revisión de los procesos relacionados con la cadena de comercialización y logística de los carburantes. El objetivo es fortalecer los mecanismos de trazabilidad y determinar si existen desvíos, acopio irregular o redes vinculadas al contrabando de combustibles.
La comisión también podrá recomendar la realización de auditorías técnicas a los procesos de importación y distribución. Estas acciones estarán orientadas no solo a identificar posibles irregularidades, sino también a establecer responsabilidades entre los funcionarios o trabajadores que pudieran estar involucrados.
El decreto contempla además la posibilidad de incorporar profesionales especializados, consultores y peritos técnicos, así como solicitar apoyo de entidades estatales encargadas de tareas de control y fiscalización. Con ello, se busca contar con asistencia técnica durante las auditorías y en un eventual rediseño de los procesos internos de la petrolera.
Como parte de este proceso, el presidente de YPFB y el personal administrativo, técnico y operativo de la empresa deberán proporcionar a la comisión la documentación y la información que sea requerida para cumplir con sus funciones.
La comisión contará con 13 atribuciones específicas establecidas en el Decreto Supremo 5697, en un contexto marcado por dificultades en el abastecimiento de combustibles y cuestionamientos sobre la gestión de la estatal petrolera.
