El Gobierno de Bolivia se comprometió a retirar el subsidio a la gasolina a partir de enero de 2027, como parte del acuerdo económico suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida busca reducir el gasto público y establecer precios de los combustibles que cubran sus costos de abastecimiento. El ajuste estará acompañado de mecanismos de asistencia social para los hogares más vulnerables.
El acuerdo entre el Gobierno boliviano y el Fondo Monetario Internacional establece que el presupuesto público de 2027 ya no contemplará recursos destinados a subvencionar los combustibles, ni mediante el Tesoro General de la Nación ni a través de las empresas estatales. Según el compromiso asumido por las autoridades, la subvención a la gasolina se mantendrá hasta finales de 2026.
A partir de enero del próximo año, el precio de la gasolina deberá ajustarse mediante un mecanismo vinculado a los costos de abastecimiento, las cotizaciones internacionales y el tipo de cambio. Sin embargo, el documento no determina cuánto costará el litro de combustible ni establece un porcentaje específico de incremento.
La decisión forma parte de un programa financiero de aproximadamente 1.900 millones de dólares, aprobado por el FMI para apoyar a Bolivia durante un periodo de tres años. Los desembolsos posteriores al primero estarán sujetos a evaluaciones sobre el cumplimiento de los compromisos económicos y las reformas acordadas.
Entre los objetivos del programa se encuentra la reducción del déficit fiscal, la recuperación de las reservas internacionales y la mejora de las finanzas públicas. Para alcanzar estas metas, el Gobierno también deberá revisar determinados gastos estatales, limitar las contrataciones públicas y fortalecer los ingresos fiscales.
El ajuste de los combustibles no será la única medida económica prevista. El acuerdo contempla cambios en la administración de las empresas públicas, una mayor flexibilidad cambiaria y reformas en el sistema financiero. Estas decisiones buscan contribuir a la estabilización económica, aunque podrían generar dificultades para la actividad productiva y el poder adquisitivo de las familias durante el proceso de ajuste.
