Fiscales federales de Nueva York y la DEA han puesto bajo la lupa al mandatario colombiano por posibles aportes irregulares a su campaña y una red de sobornos para frenar extradiciones.
La relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos enfrenta una de sus crisis más profundas tras revelarse que el presidente Gustavo Petro es objeto de una investigación federal en territorio estadounidense. Según informes de medios internacionales y registros de la Administración de Control de Drogas (DEA), el mandatario ha sido catalogado como un «objetivo prioritario» en una indagación que busca determinar si su estructura política recibió financiamiento proveniente del narcotráfico durante la campaña electoral de 2022.
Las pesquisas, lideradas por fiscalías de Brooklyn y Manhattan, se centran en testimonios de informantes y narcotraficantes que aseguran que delegados del gobierno colombiano habrían solicitado sobornos en cárceles como La Picota. El supuesto acuerdo consistía en ofrecer protección contra la extradición a cambio de aportes económicos para la causa política de Petro. Aunque la investigación se encuentra en una etapa preliminar y aún no se han presentado cargos formales, la designación de «objetivo prioritario» por parte de la DEA subraya la gravedad de las sospechas, al ser una etiqueta reservada para individuos con un impacto significativo en el tráfico de estupefacientes.
Por su parte, el presidente Petro ha negado categóricamente estas acusaciones en repetidas ocasiones, calificándolas de ataques políticos sin fundamentos sólidos. Su administración sostiene que los esfuerzos de su política de «Paz Total» se enfocan en desarticular las redes financieras del crimen y no en beneficiar a capos de la droga. No obstante, este nuevo frente judicial en Estados Unidos se suma a las tensiones previas generadas por sanciones previas del Departamento del Tesoro contra su círculo cercano a finales de 2025.
