Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a reanudar la aplicación de las deportaciones aceleradas en todo el país, una medida que permite la expulsión rápida de ciertos migrantes sin necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración. La decisión representa un importante respaldo a la política migratoria impulsada por la administración republicana.
La resolución fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia mediante una votación dividida de dos jueces contra uno. Con este fallo, queda sin efecto una orden judicial previa que había bloqueado temporalmente la ampliación del programa de expulsiones aceleradas a nivel nacional.
La política de deportación acelerada estaba originalmente destinada a personas detenidas poco después de ingresar de manera irregular al país. Sin embargo, la administración Trump decidió ampliar su alcance para que pueda aplicarse en cualquier estado, siempre que el migrante no logre demostrar una permanencia continua de al menos dos años en territorio estadounidense.
Los magistrados que respaldaron la medida consideraron que el procedimiento mantiene garantías suficientes para respetar el debido proceso, argumentando que los afectados reciben notificaciones y oportunidades para responder antes de ser expulsados. Por el contrario, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas la American Civil Liberties Union, sostienen que la normativa incrementa el riesgo de errores y puede derivar en deportaciones injustas.
La decisión judicial es considerada una victoria para la Casa Blanca, que ha defendido la medida como una herramienta necesaria para agilizar los procesos migratorios y fortalecer el control sobre la inmigración irregular. No obstante, grupos civiles anunciaron que continuarán impulsando acciones legales para intentar frenar la expansión de esta política.
