El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública identificó un presunto daño económico al Estado de Bs 871,5 millones relacionado con dos contratos suscritos entre YPFB Refinación y la empresa Agroindustrial del Este (Indueste S.R.L.) para el suministro de materia prima destinada a la producción de biodiésel. El caso ya se encuentra en la vía penal y alcanza tanto a particulares como a funcionarios y exfuncionarios vinculados con la estatal petrolera.
La investigación establece que los dos contratos tenían un valor conjunto de aproximadamente Bs 1.058,4 millones. De ese monto, YPFB Refinación habría desembolsado Bs 788,6 millones como anticipos, equivalentes a cerca del 75% del valor total de las contrataciones.
Uno de los principales aspectos observados por las autoridades es la modificación del Reglamento de Garantías de YPFB Refinación antes de la adjudicación de los contratos. Según la información expuesta por el viceministro Yamil García, los cambios introdujeron excepciones para proveedores de aceite crudo de soya, eliminando requisitos relacionados con garantías para asegurar la correcta utilización de los anticipos y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
La cronología investigada señala que el 2 de abril de 2024 el directorio abordó la modificación del reglamento, el incremento presupuestario y la autorización para iniciar el proceso de contratación. Posteriormente, pocos días después, se comunicó la adjudicación.
Con el avance de los contratos, Indueste habría incumplido parte de sus obligaciones y solicitado modificaciones en las condiciones establecidas. Uno de los acuerdos fue terminado por mutuo consentimiento el 1 de abril de 2025, estableciéndose que la empresa debía devolver más de Bs 336 millones.
Sin embargo, la investigación también identificó observaciones sobre los bienes presentados como respaldo para garantizar la devolución de los recursos. De acuerdo con la documentación analizada por el Viceministerio de Transparencia, algunos predios agrícolas ofrecidos tendrían restricciones legales que dificultarían su embargo o ejecución.
