Estados Unidos y Venezuela sellaron un acuerdo energético que contempla el acceso de empresas estadounidenses a 17 yacimientos petroleros venezolanos, con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles. El convenio incluye una inversión proyectada de 100.000 millones de dólares y ha generado cuestionamientos por sus condiciones, alcance y posibles efectos sobre la soberanía energética del país sudamericano.
El pacto fue anunciado como parte de una nueva etapa de cooperación entre Washington y Caracas, orientada a recuperar la producción petrolera venezolana y atraer capital extranjero. La iniciativa se desarrolla bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez y contempla la participación de empresas privadas en la explotación de campos que requieren importantes inversiones para recuperar su capacidad operativa.
Uno de los principales componentes del acuerdo es la participación de North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa vinculada al empresario venezolano Alejandro Betancourt. Según los reportes, la compañía tendría derechos para operar 17 campos petroleros que concentran las reservas mencionadas. Las versiones sobre la duración del convenio, sin embargo, presentan diferencias: mientras autoridades venezolanas han hablado de 25 años, funcionarios estadounidenses han señalado un plazo de hasta 100 años.
El proyecto también contempla una inversión estimada en 100.000 millones de dólares para reactivar la industria petrolera venezolana. Las autoridades han proyectado ingresos fiscales de hasta 209.000 millones de dólares, aunque estos cálculos corresponden a estimaciones futuras y dependerán de la ejecución de las inversiones, la producción y las condiciones del mercado.
El acuerdo ha despertado críticas dentro y fuera de Venezuela. Sectores opositores y analistas cuestionan la transparencia de las negociaciones y advierten sobre los riesgos de otorgar a empresas extranjeras un papel central en la administración de recursos estratégicos. También se ha señalado que la Constitución venezolana establece restricciones sobre la propiedad de los hidrocarburos, lo que podría abrir un debate jurídico sobre el alcance de los contratos.
