El Gobierno boliviano anunció la creación de un equipo especializado para rastrear fortunas ilícitas y conexiones políticas tras la captura del narcotraficante uruguayo. La estrategia busca golpear el patrimonio del crimen organizado y recuperar recursos desviados por la corrupción.
La lucha contra el narcotráfico en Bolivia ha dado un giro estratégico hacia el control de capitales. Tras la reciente captura y expulsión del uruguayo Sebastián Marset, el Gobierno nacional oficializó este miércoles la puesta en marcha de una unidad de inteligencia financiera diseñada para operar “sin límites” en la identificación de bienes, cuentas y movimientos económicos vinculados a estructuras criminales.
El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, fue el encargado de presentar esta iniciativa, subrayando que el enfoque ya no se limitará únicamente a los operativos tácticos de captura, sino a la asfixia económica de las bandas delictivas. «¿Dónde está la plata?», cuestionó la autoridad, señalando que el objetivo principal es rastrear la huella financiera que Marset y sus colaboradores dejaron en el país, incluyendo propiedades de lujo y vehículos blindados.
Un aspecto clave de esta nueva unidad es su alcance institucional. El Gobierno ha dejado claro que las pesquisas no se detendrán ante las puertas del Estado. Se investigará de forma transversal a policías, jueces, fiscales y funcionarios que pudieran haber formado parte de la red de protección que permitió a Marset operar con impunidad en territorio boliviano durante años, incluso obteniendo múltiples identidades falsas.
El anuncio se realizó en un acto que contó con el respaldo de la Unión Europea. Jaume Segura, embajador del bloque en Bolivia, destacó que el desmantelamiento de estas redes en Sudamérica tiene un impacto directo en la seguridad de los puertos europeos, como Amberes y Barcelona, destinos finales de la droga movilizada por la organización de Marset.
