El Congreso de Argentina sancionó una controvertida modificación a la Ley de Glaciares que abre la puerta a actividades mineras en zonas antes protegidas, generando un intenso debate entre el desarrollo económico y la protección ambiental.
La reforma, impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, fue aprobada tras un ajustado debate legislativo y establece cambios clave en la normativa vigente desde 2010, considerada una de las más estrictas en materia ambiental en la región.
Entre las principales modificaciones, la nueva ley reduce el alcance de las áreas protegidas y permite que las provincias definan qué zonas cercanas a los glaciares, conocidas como áreas periglaciales, pueden ser habilitadas para proyectos extractivos.
La legislación original prohibía actividades como la minería y la explotación industrial en estos territorios, al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce. Sin embargo, la reforma cambia ese enfoque al exigir que solo los glaciares con una “función hídrica específica” mantengan protección plena, lo que abre la posibilidad de intervención en otras zonas.
El gobierno y sectores empresariales defienden la medida argumentando que permitirá atraer inversiones millonarias, dinamizar la economía y posicionar a Argentina como un actor clave en la producción de minerales como el cobre y el litio.
No obstante, la decisión ha generado un fuerte rechazo de organizaciones ambientales, científicos y parte de la oposición política, quienes advierten que la reforma debilita la protección de ecosistemas frágiles y pone en riesgo importantes reservas de agua en un contexto de crisis climática.
Además, cuestionan que la descentralización de decisiones hacia las provincias podría generar criterios desiguales y menos rigurosos en el control ambiental, aumentando la posibilidad de conflictos sociales y judiciales.
