Organizaciones sindicales y movimientos sociales de siete países europeos convocaron movilizaciones simultáneas desde este viernes 20 de noviembre hasta el domingo, para exigir medidas frente al incremento del costo de vida, los elevados precios de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda. La iniciativa busca unir las demandas ciudadanas y aumentar la presión sobre los gobiernos europeos.

La convocatoria reúne a sindicatos y asociaciones de España, Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Grecia y Bélgica, que decidieron coordinar sus protestas ante el deterioro de las condiciones económicas y sociales que afectan a distintos sectores de la población.
Una de las principales preocupaciones de los manifestantes es el encarecimiento de la vivienda. Según los datos mencionados en el informe de Radio France Internationale (RFI), los precios de los alquileres en la Unión Europea aumentaron cerca de un 30 % desde 2010, situación que dificulta cada vez más el acceso a una vivienda digna, especialmente para jóvenes y familias con ingresos limitados.
La campaña fue impulsada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas de España y posteriormente recibió el respaldo de organizaciones de otros seis países. Entre sus principales demandas figuran el control de los precios de alquiler, mejores salarios, protección de los empleos y fortalecimiento de los servicios públicos.
El descontento también está relacionado con las condiciones laborales y educativas. Ludovic Voet, secretario confederal de la Confederación Europea de Sindicatos, señaló que existe una creciente sensación de abandono entre los ciudadanos, debido al aumento de los gastos cotidianos y a la incertidumbre que generan los cambios económicos y tecnológicos.
En Italia, particularmente en los barrios periféricos de Roma, colectivos de mujeres también anunciaron su participación en las movilizaciones. La organización Donne De Borgata, integrada por mujeres de sectores populares, reclama mayores recursos para combatir la pobreza, garantizar la protección frente a la violencia y facilitar el acceso a servicios sociales.
Asimismo, las protestas coinciden con iniciativas estudiantiles que cuestionan el gasto destinado al armamento y reclaman que se prioricen inversiones en educación, vivienda y oportunidades para las nuevas generaciones.


