El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, impulsa la construcción de una cárcel de máxima seguridad denominada “La Tumba”, un proyecto que busca aislar a los internos considerados de alta peligrosidad y evitar que continúen dirigiendo actividades delictivas desde prisión. La iniciativa contempla una infraestructura inspirada en el modelo penitenciario de El Salvador, mientras se gestionan recursos para hacerla realidad.

El departamento de Santa Cruz proyecta incorporar un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad como parte de las iniciativas destinadas a combatir la delincuencia y reforzar el control dentro de las cárceles. La propuesta, presentada por el gobernador Juan Pablo Velasco, lleva el nombre de “La Tumba” y estaría ubicada en una zona aislada del Chaco cruceño, lejos de los principales centros urbanos.
De acuerdo con el planteamiento de la autoridad departamental, el recinto contaría con vigilancia permanente, controles estrictos de comunicación con el exterior y un régimen especial de seguridad. Las comunicaciones de los internos estarían limitadas a videollamadas autorizadas, con el propósito de impedir que personas privadas de libertad mantengan el control de organizaciones criminales desde sus celdas.
El proyecto toma como referencia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), construido en El Salvador durante el Gobierno de Nayib Bukele. Este modelo se caracteriza por sus estrictas medidas de seguridad y el aislamiento de personas consideradas integrantes de estructuras criminales.
La iniciativa también surge en medio de los cuestionamientos al funcionamiento del penal de Palmasola, donde las condiciones de reclusión y las dificultades para garantizar la rehabilitación de los internos han generado preocupación entre autoridades departamentales. La vicegobernadora Paola Aguirre respaldó la necesidad de contar con un establecimiento penitenciario que cumpla funciones efectivas de custodia, rehabilitación y reinserción social.
No obstante, para concretar la obra todavía será necesario precisar aspectos fundamentales, como el financiamiento definitivo, los plazos de ejecución y las condiciones administrativas bajo las cuales funcionará el nuevo recinto. La Gobernación ha señalado que busca inversiones para desarrollar el proyecto, pero su anuncio no equivale todavía a una construcción concluida ni a un centro penitenciario en funcionamiento.


